El 8 de mayo de 1983 se celebraron las primeras elecciones democráticas del Aragón autonómico. Aunque los aragoneses ya habían podido votar en varias ocasiones desde la reinstauración de la democracia en España, esa fue la primera vez en la historia que lo pudieron hacer por un gobierno regional propio. Y eso se notó en el importante nivel de participación que hubo con un 66,71% de la ciudadanía ejerciendo su derecho en unos comicios en los que fue elegido el socialista y oscense Santiago Marraco Solana, quien rozó la mayoría absoluta y acabó gobernando con el apoyo del Partico Comunista y el Centro Democrático y Social, con la abstención del PAR y el voto en contra de Alianza Popular.
Históricamente Aragón había sido durante siglos una entidad política independiente con sus propias leyes e instituciones y constituido como condado, luego reino y después integrado dentro de la Corona de Aragón. Sin embargo, el destino de sus habitantes no estaba en sus propias manos sino en las de monarcas, nobles, grandes comerciantes o altos cargos eclesiásticos.
Esa entidad política diferenciada se acabó con la instauración por parte de Felipe V de Borbón de los Decretos de Nueva Planta durante la Guerra de Sucesión Española aduciendo su “derecho de conquista”. En ese momento quedaron abolidos los fueros políticos aragoneses, sus instituciones como la Diputación del Reino, el Justiciazgo o sus propias cortes. Aragón comenzó a inicios del siglo XVIII a ser gobernado de forma directa desde el Consejo de Castilla.
Pero si avanzamos un siglo hacia adelante, en junio de 1808 hubo un pequeño conato de cierto “autogobierno”, aunque este fue más un espejismo y un intento de legitimarse en el poder por parte de José de Palafox, el líder de la defensa de Zaragoza en los sitios durante la Guerra de la Independencia. A finales de mayo de ese año y tras conocer lo que había sucedido en Madrid con el levantamiento del 2 de mayo y sobre todo lo ocurrido en Bayona con la abdicación tanto de Carlos IV como de Fernando VII de sus derechos dinásticos al trono español en favor de Napoleón, en Zaragoza se prepara una insurrección para levantarse en armas contra la Grande Armée del emperador francés.
Ese levantamiento depone al general Guillelmi como Capitán General de Aragón, al cual acusan de afrancesado, y se sitúa en el cargo José de Palafox, un zaragozano sin apenas o nula experiencia militar real a pesar de su condición castrense. Con la familia real presa en Francia, Guillelmi en la cárcel y España medio invadida por los ejércitos galos, existía en ese momento en Aragón un enorme vacío de poder que Palafox estaba dispuesto a llenar, pero para ello necesitaba un intento de legitimar su nueva posición con algo que fuera más allá de un
levantamiento popular, por muy orquestado que este hubiera estado. Por ello, convocó a unas cortes aragonesas que ya no existían desde hacía un siglo por la imposición de los Decretos de Nueva Planta, y así fue confirmado como líder de la lucha contra el francés.
El siguiente paso histórico en la lucha por el autogobierno regional lo encontramos ya durante la segunda república española. La constitución republicana de 1931 admitía la posibilidad de que las diferentes regiones administrativas españolas tuvieran la opción de presentar un proyecto de estatuto de autonomía que les permitiera tener su propio gobierno, parlamento y ciertas competencias gubernativas.
Así lo hizo primero Cataluña, que logró aprobar su estatuto en 1932, y a la cual le irían a la zaga otras regiones en los años siguientes. En este caso, Aragón y Galicia fueron de la mano ya que en 1936 presentaron sus propios proyectos de estatuto para su aprobación. Precisamente el gallego sí que consiguió ser aprobado en el mes de junio, pero el golpe de Estado del mes siguiente, el comienzo de la Guerra Civil y el hecho de quedar toda Galicia en manos sublevadas hicieron que el estatuto nunca entrara en vigor.
En el caso aragonés, grupos de juventudes de izquierdas se reunieron en la localidad de Caspe en mayo de 1936 encargándole la redacción de un estatuto a Gaspar Torrente, quien conformó una comisión que culminó con el proyecto de estatuto aragonés presentándolo el 7 de junio. El siguiente trámite era ya su aprobación en las cortes donde fue entregado el 15 de julio, pero de nuevo el golpe de Estado truncó la opción de dar a Aragón su propio gobierno regional. Aunque en realidad no del todo.
Con la sublevación, casi todo Aragón, incluyendo las tres capitales de provincia, quedó en manos de los sublevados contra el gobierno republicano. Sin embargo, la acción de los aragoneses del Aragón oriental y el avance desde Cataluña de columnas de milicianos anarquistas y comunistas pusieron toda esa parte en sus manos, partiendo literalmente Aragón en dos mitades de norte a sur. El frente se estabilizó en esa línea a pesar de los intentos republicanos de tomar Zaragoza que dieron lugar a la Batalla de Belchite o de la cruenta Batalla de Teruel, y así se mantuvo hasta los meses de marzo y abril de 1938.
Durante ese tiempo se instauró en ese Aragón oriental el Consejo Regional de Defensa de Aragón, una entidad administrativa y de carácter revolucionario que el gobierno de la República no tuvo más remedio que legalizar a regañadientes. Fue la primera experiencia aragonesa de autogobierno desde la imposición de los Decretos de Nueva Planta a comienzos del XVIII. El 6 de octubre de 1936 este gobierno autónomo fue reconocido por la República, poniendo la capital en Caspe y con el cenetista Joaquín Ascaso como máximo responsable. Sin embargo, este gobierno nunca fue bien visto por el gobierno central situado en Valencia y acabó siendo disuelto por medio de una intervención militar republicana el 10 de agosto de 1937.
Sergio Martínez Gil
Lcdo. en Historia por la Univ. de Zaragoza
historiaragon.com 