“Los problemas de Aragón se solucionan en Aragón”. Esta es la frase lapidaria que parece ser que dijo el IV conde de Aranda, Luis Ximénez de Urrea y Enríquez, harto ya de los desencuentros entre las instituciones aragonesas de finales del siglo XVI y el rey de la Monarquía Hispánica, Felipe II (Felipe I de Aragón), pues eran ya numerosos los encontronazos que se habían producido entre ambas partes. Desencuentros que de haber tenido la voluntad de solucionarlos no habrían provocado el encono que acabó desbordándose en el año 1591, con lo que hasta no hace mucho se conocía como las “Alteraciones de Aragón” y que ya algunos sectores del profesorado universitario prefieren denominar como “la Rebelión de Aragón”.
Tras la unión dinástica de la Corona de Aragón y el Reino de Castilla promovida por los Reyes Católicos (y que se salvó por los pelos, todo hay que decirlo), llegó una nueva dinastía; los Habsburgo. Sus títulos en el resto de Europa y la nominación para el trono del Sacro Imperio Romano Germánico que recibió Carlos I, junto al descubrimiento de las inmensas tierras en el Nuevo Mundo, acabaron convirtiendo a sus dominios en el primer imperio moderno de la historia, que acabaría abarcando dominios en cuatro continentes. Castilla acabó convirtiéndose en el centro de ese imperio mundial, al que se conoce como la Monarquía Hispánica, un complejísimo conglomerado de Estados que tenían a un mismo señor. Esto hizo que a lo largo del siglo XVI, la Corona de Aragón fuera perdiendo peso en las políticas imperiales, pasando a tener un puesto más secundario. Y si ya hablamos del Reino de Aragón, un territorio de escasa población, que tampoco ofrecía grandes riquezas, y con un régimen legal que limitaba el poder de una monarquía que pretendía ser omnímoda, su peso en el conjunto de la Monarquía Hispánica era aún menor.
Sin embargo, los aragoneses eran conscientes de pertenecer a un reino antiguo y orgulloso de sus fueros, y eso era algo que no iban a permitir que pisotearan desde fuera. De ahí la frase del comienzo dicha por el conde de Aranda, harto ya de tener que ir a la corte en Castilla para solucionar los problemas de Aragón, cuando consideraban que la obligación del monarca era venir aquí y dar solución a las desavenencias convocando Cortes, como siempre se había hecho. Muchos fueron durante el siglo XVI los pleitos que afectaron al reino aragonés y que se consideraba que necesitaban la intervención del rey en cortes para tratar de darles solución. Entre estos destacan varios que vamos a ver a continuación.
En primer lugar, el Tribunal de la Inquisición, implantado en Aragón ya en tiempos de Fernando II el Católico, seguía provocando malestar en el reino, tanto en la nobleza como en el Tercer Estado, pues consideraban que dicho tribunal pasaba muy a menudo por encima de la legislación aragonesa y que quitaba poder a los primeros y libertades a los segundos.
Existía también un conflicto en el condado de Ribagorza, que sufría un estado de inestabilidad desde hacía años. Ya a principios del reinado de Felipe II, los vasallos del conde de Ribargoza se habían sublevado contra este, y la corona quiso aprovechar la situación para que el título y sus dominios regresaran a sus manos en lo que era una zona fronteriza con Francia primordial en la defensa de la Monarquía Hispánica. Pero finalmente el Justicia de Aragón falló a favor del conde, por lo que el territorio y el título siguieron en manos de sus condes. Pero desde 1581 la situación volvió repetirse, dando lugar a la llamada Guerra de la Ribagorza, y con ello resurgieron las pretensiones de Felipe II de hacerse con el condado, cosa que finalmente haría.
Uno de los problemas más importantes entre el reino aragonés y el monarca fue el conflicto del virrey extranjero. Según los fueros, ningún cargo oficial del reino podía ser ocupado por alguien que no fuera aragonés. Pero la monarquía hacía tiempo que estaba nombrando para el cargo de virrey de Aragón, un puesto de enorme importancia, a gente considerada extranjera por los aragoneses, lo que se veía como un ataque a la legalidad del reino.
También existía un duro conflicto provocado por el llamado Privilegio de Veinte, del que gozaba la ciudad de Zaragoza. Esta contaba con un gobierno de veinte notables de la ciudad, que tenían una gran libertad para actuar, y que llevaba a que en muchas ocasiones la capital aragonesa se pusiera en contra de los propios intereses del reino o de otras localidades, pues así se lo permitía este privilegio. Muchos eran los conflictos internos entre diferentes localidades y la propia Zaragoza, lo que hizo que muchos acudieran al monarca para tratar de darle solución.
Estos y algunos otros problemas, hicieron que los aragoneses consideraran que se necesitara alcanzar soluciones en cortes, pero estas ya eran convocadas muy de vez en cuando, dada la continua ausencia del rey. Sí que se convocaron cortes entre los años de 1563/1564, y en 1585, pero estas se caracterizaron por su especial dureza en los enfrentamientos entre el reino y la corona. Aún con todo, se consideró que los conflictos anteriormente mencionados habían alcanzado diversas soluciones, pero no mucho después los problemas volvieron a reabrirse.
Esto provocó que en 1589 la Diputación de Aragón enviara una nueva embajada a la corte en Castilla, pero esta fue menospreciada durante meses, regresando finalmente y siendo el momento en el que el conde de Aranda, uno de los enviados, dijera la frase mencionada al comienzo del artículo: “los problemas de Aragón han de solucionarse en Aragón, salvando siempre la fidelidad a la monarquía”. A pesar de esta última coletilla, estaba claro que en 1589 se había producido una ruptura moral entre Aragón y su rey, y se había alcanzado una situación límite en la relación que haría que cualquier gota colmara el vaso. Y esa gota tendría un nombre: Antonio Pérez.
Sergio Martínez Gil
Lcdo. en Historia por la Univ. de Zaragoza
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