LA PROESTA UNIVERSITARIA EN ZARAGOZA 1965-1975: UNA VERDAD DESGARRADORA
En los últimos años han ido publicándose numerosos artículos, libros y reportajes sobre uno de los episodios más dramáticos de la dictadura, esto es, las torturas sufridas por cientos de militantes antifranquistas. Sus testimonios se han convertido en una de las fuentes primarias más importantes que tenemos. Los investigadores nos hemos encontrado a menudo con trabas y laberintos administrativos que en última instancia nos han imposibilitado el acceso de determinada información. Gracias al extraordinario trabajo de algunos investigadores ha ido saliendo a la luz cierta documentación que poco a poco ha trazado el camino a seguir para los que veníamos detrás. Uno de los aspectos más controvertidos ha sido el de la brutalidad policial, en concreto el papel protagonista de la Brigada Político-Social en la coerción, detención y tortura de cientos de personas; siendo uno de los colectivos más castigados, junto al ámbito obrero, el movimiento estudiantil.
La Ley 154/63, de 2 de diciembre de 1963, puso en marcha el Juzgado de Orden Publico y el Tribunal de Orden Público. Como paso previo a la instrucción del sumario por parte del JOP, la Brigada Política-Social era la encargada de llevar a cabo todas las actuaciones preparatorias previas, que daban lugar a un atestado inicial que debía remitir al Juzgado de Orden Público. Éstos atestados incluían la declaración del detenido o detenidos, sus antecedentes policiales, un informe sobre su conducta pública y las pruebas que se hubieran requisado (libros, panfletos, octavillas y un largo etcétera). De esta forma la BPS, una de las herramientas de represión más importantes, aludida en un sinfín de ocasiones por su brutalidad y empeño a la hora de obtener confesiones, se convirtió en un eslabón principal del procedimiento judicial que se iniciaba con la instauración de la nueva jurisdicción de orden público. [1]
En anteriores publicaciones ya hablamos de más de los doscientos estudiantes detenidos durante el periodo 1965-1975. En esta ocasión vamos a centrarnos en la presencia de la BPS en Zaragoza. Sobre la presencia de la BPS en Zaragoza y sus actuaciones existe muy poca documentación, no obstante tenemos la suerte de disponer de diversos testimonios que se publicaron en artículos en los años ochenta, todos ellos muy explícitos acerca de las prácticas que la Brigada llevaban a cabo. Zaragoza era la Séptima Brigada Regional de la División de Investigación Social y una primera referencia a ella la encontramos en un informe sobre situación y proyectos del extremismo español del 31 de enero de 1954. El informe, en su última página, afirma que la edición ha corrido a cargo de la división de Zaragoza y que “todo el personal de esta Brigada se entera de su contenido, para tener perfecto conocimiento de las actividades contrarias al Régimen”, sin dar “cuenta a nadie, aún cuando sea compañero de otros servicios”. Esta directriz de confidencialidad fue aceptada por todos los firmantes del documento. En él se pueden apreciar treinta dos firmas, entre las que se encuentran la del Comisario Jefe de Zaragoza y otros comisarios adscritos a la misma. [2] Este informe será una de las fuentes primarias más importantes de la que podamos obtener los nombres de los miembros y adscritos a la Brigada.
Si nos circunscribimos al periodo de la investigación, las torturas y los interrogatorios sangrientos llevan nombre y apellidos. Hemos podido confirmar la identidad de algunos de los miembros de la BPS de Zaragoza entre 1965-1975 gracias a la querella criminal que interpuso el ayuntamiento de Zaragoza, en nombre de 36 familias, el 31 de enero de 2019, por “genocidio en concurso real con otros delitos y crímenes de lesa humanidad en concurso real con otros delitos, y subsidiariamente por los delitos de detención ilegal, asesinato, lesiones, y torturas” cometidos durante la dictadura franquista. [3]
En su conjunto la querella recoge la acusación de 52 asesinatos, 46 detenciones ilegales, 42 de ellas con desaparecidos, y once casos de torturas. [4] Se trata de un documento de suma relevancia debido a los testimonios que aporta. En ella se identifican a seis miembros de la BPS de Zaragoza: Eleuterio Fernández-Giro Domecs, conocido como “el legionario”, Ausencio Latorre Recio, Jesús Martínez Torres, Cosme Martínez Roy, Ángel Gilaberte Lafuente y Guillermo García Cedros. A estos nombres tendríamos que añadir el de Raimundo Maestro, otro reconocido torturador de la BPS. Sobre la presencia de uno de los torturadores más conocidos en los últimos años, esto es Antonio González Pacheco, conocido posteriormente como “Billy el niño”, también contamos con testimonios que lo ubican en Zaragoza en esos años. [5]
Fueron muchos los que lucharon contra la dictadura y sufrieron las duras consecuencias pero solo tenemos un número reducido de testimonios. Es por este motivo que este investigador se pone a disposición de todo aquel que quiera contar su historia.
[1] CALVO ROMERO, S.: “La represión en la Universidad de Zaragoza: el papel del Tribunal de Orden Público”, CIAN-Revista de Historia de las Universidades, 19/2 (2016),pp. 175-196
[3] Querella criminal por delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, presentada por 33 familias, Ayuntamiento de Zaragoza y Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza (ALAZ), 31 de enero de 2019.
[4] Se han presentado querellas similares en Barcelona, Valencia, Pamplona, Vitoria, Madrid y Guipúzcoa.
[5] Un breve resumen de los hechos se recoge en Público, 31 de enero de 2019. Disponible en https://www.publico.es/politica/franquismo-cinco-episodios-represion-franquista-zaragoza.html.
Sergio Calvo Romero
Doctorando en Historia
historiaragon.com 