LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL

En marzo de 1836 entró en vigor el decreto para poner en práctica la desamortización del ministro de hacienda Juan Mendizábal. La desamortización española fue un largo proceso histórico, económico y social iniciado a finales del siglo XVIII con la denominada “Desamortización de Godoy” (1798) —aunque hubo un antecedente en el reinado de Carlos III de España— y cerrado bien entrado el siglo XX -16 de diciembre de 1924-. Consistió en poner en el mercado, previa expropiación forzosa y mediante una subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se podían enajenar -vender, hipotecar o ceder- y que se encontraban en poder de las llamadas “manos muertas”, es decir, la Iglesia Católica y las órdenes religiosas —que los habían acumulado como habituales beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos— y los llamados baldíos y las tierras comunales de los municipios, que servían de complemento para la precaria economía de los campesinos. Había una gran cantidad de tierra desaprovechada porque estas tierras no se podían vender, ni hipotecar o ceder. Dicho con las palabras de Francisco Tomás y Valiente, la desamortización española presentó “las características siguientes: apropiación por parte del Estado y por decisión unilateral suya de bienes inmuebles pertenecientes a “manos muertas”; venta de los mismos y asignación del importe obtenido con las ventas a la amortización de los títulos de la deuda”.

La finalidad prioritaria de las desamortizaciones habidas en España fue conseguir unos ingresos extraordinarios para amortizar los títulos de deuda pública —singularmente vales reales— que expedía el Estado para financiarse —o extinguirlos porque en alguna ocasión también se admitieron como pago en las subastas—. El Estado las expropiaba y las subastaba, pudiendo pagarse con dinero o comprando vales de la deuda del Estado. Asimismo persiguió acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase media de labradores que fuesen propietarios de las parcelas que cultivaban y crear condiciones capitalistas -privatización, sistema financiero fuerte- para que el Estado pudiera recaudar más y mejores impuestos.

La primera desamortización de gran envergadura fue la de Juan Álvarez Mendizábal, ministro de la regente María Cristina de Borbón y que tuvo unas consecuencias muy importantes para la historia económica y social de España.
Estas desamortizaciones tan sólo afectaban al clero regular, no al secular como más tarde afectarían las desamortizaciones de Madoz. Es decir, afectaba únicamente a las órdenes religiosas, a los monasterios. El número de religiosos en España a principios del siglo XIX era notable. En 1768, había 22.405 religiosos, y ante la consideración de que su número es excesivo y no favorecía la observancia, se postula desde el gobierno, que su número quede limitado a sólo 16.823, tope que se estuvo a punto de alcanzar. En 1835, de 1940 conventos, sólo 902 superaban los 12 religiosos por comunidad, que era el número mínimo de religiosos establecido por el Concilio de Trento para que se pudiera constituir un convento.
Como la división de los lotes de tierra a subastar se encomendó a comisiones municipales, éstas se aprovecharon de su poder para hacer manipulaciones y configurar grandes lotes inasequibles a los pequeños propietarios pero pagables, en cambio, por las oligarquías muy adineradas que podían comprar tanto grandes lotes como pequeños.

Los pequeños labradores no pudieron entrar en las pujas y las tierras fueron compradas por nobles y burgueses urbanos adinerados, de forma que no pudo crearse una verdadera burguesía o clase media en España que sacase al país de su marasmo. El pequeño campesinado no sólo no accedió a la propiedad de la tierra, sino que todas esas tierras propiedad de los monasterios, baldías, no cultivadas con las que los monasterios no sabían qué hacer y que por lo tanto las gentes del lugar usaban para pasto comunal, ahora serán propiedad de un rico burgués que las va a cultivar, dejando a los campesinos sin sus tierras comunales y sin más opción que emigrar a la ciudad a trabajar en la industria o ser jornaleros del gran propietario de tierras.

La Iglesia tomó la decisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras, lo que hizo que muchos no se decidieran a comprar directamente las tierras y lo hicieron a través de intermediarios o testaferros.
Es necesario entender esta desamortización en su contexto histórico. El levantamiento absolutista carlista de 1833 en las provincias vasco-navarras, desata una guerra enconada y sus caudillos campan a sus anchas, recorriendo “impunes, al mando de Carnicer y Cabrera las tierras del bajo Aragón”. Los liberales más progresistas, incorporaban en su ideario el ingrediente del anticlericalismo, exacerbado por el apoyo que los religiosos, tributan al levantamiento carlista.

Durante la guerra ocurren motines anticlericales. En Zaragoza, el primer motín ocurre el día 3 de abril de 1835, dirigido contra el arzobispo Francés Caballero, que había mostrado sus reservas contra algunos clérigos liberales. El capitán general, al frente de la Milicia Urbana, impide el asalto al palacio arzobispal, lo que desvía a la masa a la quema de iglesias, como la de San Diego, donde se asesina a dos frailes, y por la calle, y a un hermano lego franciscano, entre otros asesinatos.
El día 5, arrecia la rebelión y allanan varios conventos dando muerte a 15 religiosos, lo que mueve al gobernador a que los religiosos salgan de sus conventos, para evitar más atropellos.
La situación obliga a los religiosos a vivir, más bien recluidos, temerosos de nuevos rebrotes de la furia popular, espaciando por cautela las salidas al exterior de sus conventos, ya que se les considera personas afectas al carlismo, que en todo caso les protege.

En 1835 el desorden va en aumento. El clima de guerra civil, con el descrédito del ejército liberal ante el avance absolutista de los carlistas, que además del norte, ocupa amplias zonas del bajo Aragón y la zona norte de Cataluña, llega a su punto más alto.
La situación del gobierno liberal es delicada. El Estado está endeudado por la guerra y es necesario un gran ejército para combatir al carlismo absolutista que se ha hecho fuerte en Navarra y Aragón. La desamortización más que un castigo a la Iglesia por apoyar a los carlistas que defendían sus privilegios, es una necesidad para, mediante el dinero obtenido en las subastas, pagar la deuda del Estado y construir un gran ejército capaz de hacer frente a los carlistas que se habían hecho fuertes, entre otros territorios, en Aragón.

Santiago Navascués Alcay

Lcdo. en Historia por la Univ. de Zaragoza

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